De manera inexplicable el flagrante acto de dispendio detectado en la gestión de Almeyda Rancier, rabioso defensor de la reelección de Leonel Fernández, y de que el PLD se mantenga en el poder sin importar la forma, no fue enviado a la Procuraduría General de la República. .
SANTO DOMINGO.- Los impuestos pagados por ciudadanos al Ministerio de Interior y Policía, durante la gestión de Franklin Almeyda, por concepto legalizaron de armas de fuego, fueron repartidos en incentivos y sobresueldos entre los principales funcionarios, según detectó una auditoría llevada a cabo por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCR).
La institución recaudó en 2008, fecha de la auditoria, la suma de RD$ 460 millones 327 mil 679, por emisión, renovación, traspaso, legalización y cancelación de licencia para porte y tenencia de armas de fuego, así como por permisos y certificaciones emitidos por la institución.
A pesar del dispendio de recursos públicos detectado en el Ministerio de Interior y Policía, el informe no forma parte de las 68 auditorías enviadas por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República.
Los auditores detectaron que los funcionarios beneficiados recibieron ingresos salariales superiores al sueldo base, sin la autorización de Ministerio de Administración Pública.
La institución realizó desembolsos por servicios prestados, especiales, incentivos y sobresueldos por la suma de 460 millones de pesos, aplicando un incremento en los incentivos de los funcionarios hasta de un 150 por ciento sobre su sueldo base.
Los aumentos se aplicaron, según la CCR, en varias nóminas de la institución a funcionarios y otros servidores con cargos diferentes, sobre todo a los subsecretarios y personal administrativo de la dirección ejecutiva de Interior y Policía.
La Cámara de Cuentas critica que los fondos no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro ni registrados en el presupuesto de la institución, como manda la ley de la Tesorería Nacional y la Contraloría General de la República.
La circular 05 de la Contraloría General de la República establece: “Se prohíbe pagar nómina de sueldo (servicios personales) por los fondos propios (extra presupuestarios) tal y como se consigna en el Artículo 25, Capítulo VI del reglamento del Fondo en Avance y Reponibles”.
LOS QUE COBRARON LOS CHELITOS:
Entre los funcionarios que aparecen en dos nóminas figuran Juan Francisco Mañón Vargas, designado como encargado de presupuesto con salario de 35 mil pesos mensuales, y aparece con otro 70 mil como instructor analista de presupuesto de la misma entidad.
Asimismo, revela la auditoria que la subsecretaria Yadira Peña Suarez tenía un sueldo base 60 mil pesos, pero recibía 70 como coordinadora de proyectos.
El subsecretario Roberto Lamarche Cruz devengaba un salario de 60 mil pesos mensuales, y además se desempañaba como capacitador del programa de seguridad, por el cual recibía otro 60 mil pesos.
También figuraba el subsecretario Guerin Medina, con 60 mil pesos de sueldo y otro 50 mil como Director de Operaciones.
Asimismo, aparece una persona descrita como asistente de Franklin Almeyda, que recibía un salario de 35 mil pesos, más un sobresueldo de 70 mil pesos.
La señora Rita Mendoza Taveras, gerente financiera devengaba un salario de 49 mil, pero recibía adicionales por 81 mil, como instructora financiera de la misma institución.
Asimismo, destaca el informe que Henry Rodríguez Castellanos recibía de sueldo 60 mil pesos, por sus funciones como subsecretario de Estado, y otros 50 mil como director general del programa “COBA”.
Otros 54 funcionarios y empleados recibían incentivos y sobresueldos de hasta de 900 mil pesos anuales, con dinero de los fondos propios dejados de reportar al Tesoro Nacional, en franca violación a la ley.
TOMADO DE:: ACENTO.COM.DO
ESCRITO POR JULIAN HERRERA
