DESDE MI VENTANA OPTICA :: FUNESTO PRECEDENTE POLICIAL
"La injerencia policial en asuntos propios de la justicia, en San Francisco de Macorís, debe encontrar el rechazo de la sociedad sensata, para que esto no se repita. Eso demuestra lo que hemos sostenido, “el problema de la Policía no es de simples reformas” es un mal de fondo, no de forma, desde su fundación en 1936" cree Almánzar.
Por Alejandro Almánzar
NUEVA YORK.- No sabemos, cuando funcionarios civiles y militares tendrán claras las reglas de juego de las instituciones en nuestro país. El rol de cada una, para fortalecimiento de la nación, y el alcance de su Constitución, sobre la separación de poderes.
En cualquier país civilizado, funcionarios públicos, incluyendo el presidente, lo piensan bien, para interferir con otro poder del Estado, pues eso les costaría el cargo. Militares y policías no califican para un juicio político por esas violaciones, pero están definidas las sanciones a recibir, acompañadas de una repulsa colectiva de la sociedad.
Las islas de poder en las instituciones públicas, frecuentemente generan conflictos de orden constitucional y legal en Republica Dominicana. Seguimos siendo el país del “jefismo” donde cualquiera con posición o rango, se coloca por encima de la Constitución.
Esa cultura enfrenta a policías y militares, síndicos y gobernadores, como si la responsabilidad de cada uno no estuviera lo suficientemente establecida. Al oficial que envían a comandar desde un Destacamento policial hasta el más remoto Cuartel militar, a menudo intenta desconocer a autoridades que la Constitución otorga mayor jerarquía.
Es lo que acaba de pasar en la ciudad del Jaya, que incluyendo oficiales de la talla y el carisma del general, Raúl de la Cruz Reyna, violentaron la Constitución y las leyes de la nación, pasando por encima del Poder Judicial.
Olvidaron, que la institución que representan, está subordinada a este Poder del Estado, y bajo ninguna circunstancia, pueden usurpar sus funciones. Es lamentable que la sociedad pierda a un oficial policial como este, pero eso no es motivo para aceptar tan desafuero policial, ojala su carrera no haya sido víctima de un complot.
Su proceder no se correspondió con su formación, que oficiales medios y rasos desconozcan el ordenamiento constitucional y jurídico del país, se entiende, pero lo mismo no podemos aceptar de tan correcto oficial.
La injerencia policial en asuntos propios de la justicia, en San Francisco de Macorís, debe encontrar el rechazo de la sociedad sensata, para que esto no se repita. Eso demuestra lo que hemos sostenido, “el problema de la Policía no es de simples reformas” es un mal de fondo, no de forma, desde su fundación en 1936.
Tampoco se trata de bajos salarios, como dicen algunos, eso sería la parte mínima del problema, pues ellos ingresan voluntariamente a la institución sabiendo eso y lo arriesgado de sus funciones, pero entienden, que portar un arma de fuego, uniforme y el carnet policial, le brinda oportunidades para el macuteo, como decía Balaguer.
Es como individuos, que en campañas políticas se acercan al candidato de poder, gestionan cargos de ayudantes civiles, o al servicio de la presidencia, no por el salario, si no, por el tráfico de influencias. Ahí el presidente electo, Danilo Medina, tiene por dónde empezar a “hacer lo que nunca se hizo”, acabar con esta mala práctica política.
EL AUTOR ES PERIODISTA.
RESIDE EN NUEVA YORK.
Por Alejandro Almánzar
NUEVA YORK.- No sabemos, cuando funcionarios civiles y militares tendrán claras las reglas de juego de las instituciones en nuestro país. El rol de cada una, para fortalecimiento de la nación, y el alcance de su Constitución, sobre la separación de poderes.
En cualquier país civilizado, funcionarios públicos, incluyendo el presidente, lo piensan bien, para interferir con otro poder del Estado, pues eso les costaría el cargo. Militares y policías no califican para un juicio político por esas violaciones, pero están definidas las sanciones a recibir, acompañadas de una repulsa colectiva de la sociedad.
Las islas de poder en las instituciones públicas, frecuentemente generan conflictos de orden constitucional y legal en Republica Dominicana. Seguimos siendo el país del “jefismo” donde cualquiera con posición o rango, se coloca por encima de la Constitución.
Esa cultura enfrenta a policías y militares, síndicos y gobernadores, como si la responsabilidad de cada uno no estuviera lo suficientemente establecida. Al oficial que envían a comandar desde un Destacamento policial hasta el más remoto Cuartel militar, a menudo intenta desconocer a autoridades que la Constitución otorga mayor jerarquía.
Es lo que acaba de pasar en la ciudad del Jaya, que incluyendo oficiales de la talla y el carisma del general, Raúl de la Cruz Reyna, violentaron la Constitución y las leyes de la nación, pasando por encima del Poder Judicial.
Olvidaron, que la institución que representan, está subordinada a este Poder del Estado, y bajo ninguna circunstancia, pueden usurpar sus funciones. Es lamentable que la sociedad pierda a un oficial policial como este, pero eso no es motivo para aceptar tan desafuero policial, ojala su carrera no haya sido víctima de un complot.
Su proceder no se correspondió con su formación, que oficiales medios y rasos desconozcan el ordenamiento constitucional y jurídico del país, se entiende, pero lo mismo no podemos aceptar de tan correcto oficial.
La injerencia policial en asuntos propios de la justicia, en San Francisco de Macorís, debe encontrar el rechazo de la sociedad sensata, para que esto no se repita. Eso demuestra lo que hemos sostenido, “el problema de la Policía no es de simples reformas” es un mal de fondo, no de forma, desde su fundación en 1936.
Tampoco se trata de bajos salarios, como dicen algunos, eso sería la parte mínima del problema, pues ellos ingresan voluntariamente a la institución sabiendo eso y lo arriesgado de sus funciones, pero entienden, que portar un arma de fuego, uniforme y el carnet policial, le brinda oportunidades para el macuteo, como decía Balaguer.
Es como individuos, que en campañas políticas se acercan al candidato de poder, gestionan cargos de ayudantes civiles, o al servicio de la presidencia, no por el salario, si no, por el tráfico de influencias. Ahí el presidente electo, Danilo Medina, tiene por dónde empezar a “hacer lo que nunca se hizo”, acabar con esta mala práctica política.
EL AUTOR ES PERIODISTA.
RESIDE EN NUEVA YORK.
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