domingo, 24 de noviembre de 2013

PARTICIPACION CIUDADANA PIDE AL GOBIERNO EVITAR QUE LOS NEONACIOLISTAS ATENTEN CONTRA HUCHI LORA Y JUAN BOLIVAR DIAZ

“La maldad tiene límites, la impunidad tiene límites, la perversidad es inaceptable. Es esencial que el imperio de la ley prevalezca y que el respeto al derecho a opinar distinto sea entendido como un derecho fundamental en un régimen democrático de derecho”.
SANTO DOMINGO.-  Participación Ciudadana reiteró su rechazo la campaña “infame” desatada contra los reputados comunicadores Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz y otras personalidades por sus opiniones en defensa del derecho a la nacionalidad de los dominicanos hijos de extranjeros, nacidos en territorio dominicano.
Las manifestaciones peligrosas que se estan haciendo  a través de panfletos constituyen un grave atentado a la libertad de opinión y expresión en el país, incitan al odio y representan una amenaza velada contra la integridad física de los afectados, de sus familias y de sus bienes" dice Participación Ciudadana.
En ese orden agrega que “La intolerancia de los autores de esas infamias para enfrentar de manera perversa la opinión ajena, es un atentado al sistema democrático, que podría desencadenar una ola de agresiones contra los difamados”.
Participación Ciudadana cuestiona la pasividad de las autoridades por su inacción en la pronta localización, individualización y procesamiento de los responsables de la campaña desatada contra estos comunicadores. La perversidad de los promotores es de tal magnitud que no logran medir las consecuencias inmediatas de sus malquerencias.
La incitación al odio y al rencor es una violación de la Constitución y las leyes penales que si no es sancionada y cortada de raíz a tiempo, con la pronta intervención de las autoridades, puede desatar una ola de reacciones en cadena que afectaría la seguridad de todos los dominicanos y dominicanas, afirmó.
“La maldad tiene límites, la impunidad tiene límites, la perversidad es inaceptable. Es esencial que el imperio de la ley prevalezca y que el respeto al derecho a opinar distinto sea entendido como un derecho fundamental en un régimen democrático de derecho”.
Participación Ciudadana reclama del Presidente de la República y del Procurador General, que asuman esta responsabilidad como un asunto de Seguridad del Estado, por tratarse de una incitación a la confrontación entre ciudadanos, de imprevisibles consecuencias.
Requerimos que se impartan las instrucciones que correspondan para identificar, investigar y procesar penalmente a los responsables de estos atentados a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa  y contra la seguridad de estos ciudadanos y todos los que se encuentren en una situación similar.
Participación Ciudadana reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de los valores supremos de la nación e invita a las personas sensatas de no permitir el desvío de su atención frente a las acciones que realmente afectan a la institucionalidad  y a la lucha contra la impunidad, tales como la aprobación apresurada del presupuesto para el 2014.

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